¿Qué es REDD +?
La sigla REDD+ (Reducing emissions from deforestation and forest degradation) se refiere a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero generadas por la deforestación y degradación de los bosques, y los esfuerzos que se realizan para la conservación y aumento de las reservas de Créditos de Carbono y el manejo forestal sostenible. REDD+ está definida por la Convención Marco de las Naciones Unidas ante el Cambio Climático (CMNUCC).
¿En qué consiste un Programa Jurisdiccional REDD +?
En el ámbito de los mercados de carbono la jurisdicción es la base territorial en la que se establecen metas de reducción de deforestación y proyectos de carbono. En esta base territorial un gobierno tiene la competencia para establecer un programa de carbono.
Regularmente se consideran jurisdicciones a nivel nacional (Ejemplo: Perú como país que es una jurisdicción) o subnacional (Ejemplo: Ucayali como región que es una jurisdicción). Estos gobiernos pueden entonces utilizar los fondos de REDD+ para mantener las áreas de bosques protegidas, regular la tala de árboles y extracción de madera, mejorar la gestión sostenible de los bosques, o realizar acciones que eviten que los bosques sean talados con fines de obtener tierras para la agricultura.
Entonces REDD+ jurisdiccional es REDD+ aplicado a una jurisdicción administrativa. En el marco de este Acuerdo de Cooperación firmado se trataría del Programa Jurisdiccional REDD+ de la región de Ucayali.
¿Cuáles son las ventajas de un Programa Jurisdiccional para la región de Ucayali frente a los proyectos individuales?1
Un Programa REDD+ con enfoque jurisdiccional es complementario a los proyectos individuales REDD+. Ambos pueden coexistir cumpliendo cada uno sus roles y aprovechando sus fortalezas.
Las principales cualidades de un Programa Jurisdiccional son:
- Las entidades públicas, a diferencia de los actores privados, tienen facultades para combatir y sancionar las actividades ilegales que se dan en el territorio, muchas de las cuales causan deforestación
- Las entidades públicas de nivel regional tienen las competencias para promover políticas agrarias y forestales que pueden estar en concordancia con un enfoque de desarrollo sostenible.
- Puede mejorar los medios de vida a gran escala, reduciendo significativamente la deforestación a largo plazo.
- Facilita incentivos nacionales e internacionales, como la creación de políticas públicas y el acceso a financiamiento privado.
- Puede crear una plataforma para el diálogo y alianzas permanentes con comunidades indígenas y tradicionales.
- Involucra a los diversos actores que usan el suelo y fomenta la gestión sostenible del territorio.
- Brinda estructura para unir las actividades de los sectores público con el privado en un enfoque integral del desarrollo sostenible.
- El gobierno que administra el Programa Jurisdiccional podría estar más cerca de los agricultores y las comunidades que administran la tierra.
- Los proyectos en una jurisdicción cubren un área más grande y permiten evitar que la deforestación migre a otras áreas forestales (fugas).
- Impiden que más de un proyecto REDD+ venda un bono de carbono por la reducción de la deforestación que ocurrió en una misma área de bosque. En la jerga técnica decimos que el enfoque jurisdiccional evita la doble contabilidad de las reducciones de emisiones por proyectos individuales.
- El enfoque jurisdiccional reduce el riesgo de no permanencia de los bonos/créditos emitidos por cada proyecto. Todo bono/crédito de carbono comercializado debe garantizar la permanencia del carbono en el área forestal, es decir, que el bosque sea preservado en el futuro. Así, decimos que en todo proyecto existe el riesgo de que el carbono no permanezca almacenado, esto se llama riesgo de no permanencia. Para ello, los proyectos colocan una reserva de carbono que se mantiene (o no se vende) para estos casos. Por ejemplo, si en un proyecto se constata que el área fue quemada, el sistema jurisdiccional tendrá una reserva de carbono para solventar esta pérdida.
- Optimización de recursos para los titulares de carbono, los cuales pueden unirse para minimizar costos y acceder a financiamiento climático sin necesidad de pasar por los engorrosos y costosos procesos de certificación.
¿Quién verifica el trabajo del Programa Jurisdiccional REDD+ UCAYALI?
Todo el proceso y el trabajo del Programa Jurisdiccional puede ser observado y seguido por los actores a través de canales abiertos de información como la página web y el repositorio público y/o consultado a una casilla de correo electrónico. La transparencia es uno de los ejes transversales del Programa y se espera contar con la participación de todos los actores titulares de derechos sobre los bosques durante todas las etapas del Programa, en especial de los pueblos indígenas.
Además, los Créditos de Carbono serán verificados por organizaciones internacionales, para poder contar con certificaciones. A la fecha la decisión sobre el estándar a utilizar no fue tomada, pero puede ser JNR (Jurisdictional and Nested REDD+) o ART-TREES (Arquitectura para Transacciones).
¿Existen otras experiencias de Programas Jurisdiccionales?
Hoy existen estándares internacionales para la verificación y validación de los Créditos de Carbono de los Programas Jurisdiccionales (JNR VERRA y ART TREES) y hay avances en los mercados de carbono (artículo 6, CORSIA, mercados voluntarios, etc.). Además, en el mundo se preparan Programas Jurisdiccionales en la provincia de Misiones (Argentina), en Papúa Nueva Guinea y otros.
En el Perú hubo la experiencia del Programa de Reducción de Emisiones del Perú (ER-PD) del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF por sus siglas en inglés). Este Programa fue impulsado por el Ministerio del Ambiente en las regiones de Ucayali y San Martín y llegó a tener un proceso participativo.
En el año 2020 este Programa fue cancelado y dejó a las regiones de Ucayali y San Martín sin acceso a los ingresos por venta de Créditos de Carbono que pudo ayudar a financiar las estrategias y planes para el desarrollo sostenible de ambas regiones.
A la fecha varias regiones cuentan con Estrategias Regionales de Desarrollo Rural Bajo en Emisiones (ERDRBE) y desde hace más de 10 años se trabaja globalmente entre gobiernos subnacionales con la iniciativa del Grupo de Gobernadores por el Clima y Bosques (GCF Task Force).
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